Periodista. Fueguino por nacimiento y elección

 

En Río Grande, este jueves se conoció el veredicto de la causa judicial en la que Fernando Quipildor, acusado de haber atacado con un martillo y una piedra a su expareja, fue condenado a diez años de prisión efectiva por el delito de lesiones graves.

La sentencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Zona Norte significó el corolario (y todo un precedente) de un extenso trabajo para las abogadas María Isabel Villarroel y Daiana Ortíz, representantes de la Defensoría Municipal, que por primera vez ejerce como querella de una víctima de violencia de género en una causa judicial.

El repudiable episodio sucedió durante la noche del 24 de diciembre de 2017: Quipildor atacó a martillazos y con una piedra a su expareja, la cual había visitado al agresor en su vivienda del barrio Los Productores, en la Margen Sur, ante la amenaza del hombre respecto de la publicación de videos íntimos en los que aparecería ella.

Durante la etapa de alegatos, la defensa de la víctima solicitó 15 años de prisión para el agresor, el máximo de pena que estipula el artículo 44 del Código Penal.

En tanto, la Fiscalía, representada por el doctor Pablo Candela consideró probado el delito de  “lesiones graves y coacción agravada”, por lo que pidió 12 años de prisión.

En cuanto a la defensa oficial del agresor, el doctor Mariano Sardi reafirmó las nulidades respecto de las acusaciones y solicitó la absolución para su defendido.

La presencia de la Defensoría Municipal en esta causa judicial marcó un precedente, no sólo porque se trató de la asistencia gratuita, sino porque además acompañó a la víctima durante el tiempo que pasó desde el violento accionar de Quipildor, en diciembre del año pasado, hasta la instancia de juicio.

El área municipal (que forma parte de la Secretaría de Promoción Social) cumplió un año y medio de existencia, y tras su primer aniversario contabilizó 251 atenciones, de las cuales un 76% estuvieron vinculadas a situaciones de violencia de género y/o familiar. Durante el 2018, se calcularon aproximadamente 150 casos.

Las cifras dan cuenta de una problemática alarmante en la ciudad, cuya realidad no está ajena a la provincia de Tierra del Fuego ni al país. En gran medida, el impacto social que tuvo la marcha del colectivo feminista #NiUnaMenos, del 3 de junio de 2015, permitió visibilizar un reclamo histórico, que también se hizo eco en la provincia con números contundentes: en Río Grande, por ejemplo, la subsecretaría Provincial de Políticas de Género abordó más de 450 casos de violencia de género, mientras que en la Comisaría de Familia se registraron más de 800 denuncias.

También, la Secretaría de Seguridad del gobierno provincial, en el año 2016, dispuso un Protocolo de Atención para Víctimas de Violencia de Género, donde articulan la Justicia, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Educación.

El Estado empieza a surgir como un actor determinante en una problemática tan urgente como enquistada en la sociedad local. Por citar apenas algunas de las preocupantes cifras, Tierra del Fuego registró dos femicidios (el 1,57% por cada 100 mil habitantes), el año pasado, y se ubicó en el segundo lugar en el ámbito nacional, apenas por detrás de Catamarca (2,44%), según un informe revelado por la ONG “La Casa del Encuentro”.

Al margen de las cifras, preocupantes de por sí, el principal impedimento para intervenir en los conflictos es el temor que existe, por parte de las víctimas, a brindar testimonio sobre sus realidades. Aún más complicado resulta deconstruir algunas prácticas incorporadas en función de los propios contextos socioculturales, desde donde surgen esas construcciones que, más adelante, parecen “naturales”.

Es, en ese eslabón de una compleja cadena, donde debe intervenir el Estado: generar un vínculo de confianza con las víctimas, y los espacios propicios, permitiría un ámbito de comprensión y seguridad, en una de las instancias preliminares para contrarrestar una situación compleja que involucra a la sociedad en su conjunto.

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